Los representantes de la derecha y la extrema derecha solo han votado a favor de cumplir con su obligación de abrir inmediatamente en las nueve provincias de los Centros de Crisis de Atención Integral a las víctimas de violencia sexual y rechazan todas las propuestas dirigidas a garantizar servicios públicos de calidad y las que hablan de democracia, cultura de la paz, memoria, justicia y reparación
La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, defendió en la segunda sesión del Debate del Estado de la Comunidad las propuestas de resolución del GPS plateadas para una Castilla y León igualitaria, equitativa, moderna con propuestas que también hablan de democracia, cultura de la paz, memoria, justicia y reparación.
“La Junta tiene las competencias y el dinero para llevarlas a cabo”, aseveró Gómez quien subrayó que los 16 mil millones de euros más que la Junta ha recibido en los últimos cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez suponen el 92% del presupuesto autonómico y defendió “ un modelo fiscal autonómico mucho más progresivo” para sostener servicios públicos de calidad y las infraestructuras necesarias a las que puedan acceder en igualdad de condiciones todos los castellanos y leoneses.
La viceportavoz socialista recriminó al gobierno de Mañueco que achaque el problema de las despoblación a la maternidad de las mujeres recalcando que “la maternidad no es un derecho ni una obligación”. “Lo que es un derecho es interrumpir voluntariamente nuestro embarazo, porque así lo recoge la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo” aseveró Gómez para instar a la Junta a cumplir lo establecido en la Ley y garantizar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo poder hacerlo el centro público hospitalario de referencia.
En materia fijación de población, la representantes socialista defendió la importancia de infraestructuras modernas y fuertes e insto a la Junta a la elaboración nuevo plan de carreteras autonómico, a aprobar la normativa necesaria para la ordenación del transporte de Castilla y León, y la inclusión digital de todos los ciudadanos de CyL colaborando con el Gobierno de España en la extensión de la banda ancha de 100 megas, así como la extensión de la TDT en todo el territorio de la comunidad.
“Vamos a seguir luchando por una sanidad pública de calidad para todos, recalcó Gómez en el apartado de defensa de las propuestas del GPS con medidas para garantizar la accesibilidad completa a la carrera de servicios en igualdad de condiciones en toda la red de Atención Primaria de Castilla y León, especialmente en las zonas rurales, así como dotar a la sanidad pública del equipamiento e infraestructuras suficientes e incorporar psicólogos en los equipos de Atención Primaria y dando cumplimiento.
En defensa de una educación pública de calidad y gratuita Gómez incidió en que “de una vez por todas en Castilla y León como ya ocurre en la mayoría de comunidades autónomas implante la gratuidad de libros de texto”
La representante socialista instó a la Junta a cumplir con el diálogo social y defendió el acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna y la apertura los comedores escolares de nuestros centros educativos en periodos también no lectivos.
“En materia de a lucha contra la violencia de género , lo primero que tiene que haber en CyL. es una ley y adaptada al Pacto de Estado”, añadió Gómez que también instó el GPS a la creación de un observatorio LGTBI en CyL “la única comunidad autónoma que no lo ha creado .”
En defensa de las propuestas que hablan de democracia, respeto y de tolerancia, empatía, humanidad y de memoria, justica y reparación , la viceportavoz socialista pidió al gobierno PP Vox la elaboración de medidas para promover y facilitar “una acogida real y efectiva de inmigrantes y refugiados”, y la inmediata tramitación para la aprobación la Ley de Memoria Democrática de Castilla y León con el objetivo de reconocer y establecer medidas favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura e implementar una política consensuada de memoria democrática siguiendo los principios del derecho internacional de verdad, justicia, reparación y deber de memoria.
Valladolid, 27 de junio de 2024